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Gobernación denuncia prevaricato por liberación de 18 custodios en Daule
Ilustración hecha con inteligencia artificial
Orden público Se lee en 2 min

Gobernación denuncia prevaricato por liberación de 18 custodios en Daule

Pablo Arosemena presentó ante la Fiscalía que el juez Torres López desconoció procesos legales al dar medidas cautelares a quienes vigilaban una clínica.

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La Gobernación del Guayas formalizó este lunes 13 de junio de 2022 una denuncia por el delito de prevaricato ante la Fiscalía Provincial. La acción legal se deriva de la decisión judicial que ordenó la puesta en libertad, mediante medidas cautelares, de 18 personas procesadas por posesión de armas. El escrito, divulgado desde las redes sociales del organismo ejecutivo provincial, solicita a la Fiscalía iniciar investigaciones contra el juez de garantías penales José Miguel Torres López y posibles cómplices.

La denuncia señala que el magistrado desconoció procesos legales inculpatorios al liberar a los 18 individuos el pasado jueves 9 de junio. Estos procesados estaban vinculados a la custodia de los alrededores de una casa de salud en Daule, donde se encontraba internado un hombre de 41 años conocido como "Joselo", quien sobrevivió a un intento de sicidio en una plaza comercial del cantón el martes 7 de junio.

Tras la audiencia de flagrancia realizada la semana anterior, el juez Torres López concedió a los detenidos la obligación de presentarse cada viernes ante el fiscal. En su escrito, la Gobernación argumenta que la conducta judicial presuntamente se adecúa al tipo penal sancionado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), como contamos en Competencia bomberil se disputa este sábado en el estadio de Nobol.

Pablo Arosemena utilizó este acto formal para criticar la eficacia del sistema de justicia local. El gobernador señaló que, aunque la Policía Nacional atrapa en promedio a 45 delincuentes por día, la mayoría termina liberada por jueces considerados incapaces para aplicar la justicia. La autoridad exigió fortalecer el sistema judicial para que esté a la altura del trabajo policial.

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